martes, 14 de enero de 2020

El soterramiento entró en un pozo

14 de enero de 2020.

El ministro de Transporte anunció que el Gobierno dará de baja los contratos para soterrar el tren por su elevado costo fiscal, estimado en 1500 millones de dólares.



El Gobierno anunció este lunes la rescisión de los contratos de obra para el soterramiento del tren Sarmiento. El ministro de Transporte, Mario Meoni, adelantó que el Poder Ejecutivo está "trabajando y avanzando en la rescisión de los contratos para las obras del soterramiento porque de la forma en que está planteado es inviable". Así lo dijo en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Las obras del soterramiento fueron motivo de denuncias por corrupción. El grupo de la familia Macri, a través de la contructora Iecsa, se había adjudicado el proyecto. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento. Pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Por este motivo Mauricio Macri, ya como presidente de la Nación, salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.

Los contratos vigentes para este proyecto implicarían una inversión imposible de abordar para el sector público en la situación heredada por las políticas del macrismo. “Es necesario invertir más de 1500 millones de dólares y en el marco de la crisis que existe hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades ya que están absolutamente paralizadas", detalló Meoni.

El ministro aseguró existe diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para definir cuál será el proyecto viable para llevar adelante en el futuro. De todas formas. indicó que para avanzar en esta dirección primero será necesario cerrar la recisión de los contratos actuales y que no impacte en un juicio millonario contra el Estado. "Muchas veces se han tomado decisiones políticas en la Argentina que son impactantes a la hora de un título, pero que después tienen consecuencias económicas muy graves y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a cuidar los recursos. Quiero ser muy prudente respecto de esto para evitar problemas al sector público", señaló Meoni.

En ese sentido, el ministro de Transporte aseguró que se están evaluando los alcances jurídicos y económicos sobre la revisión de los certificados que hay que pagar de la obra ejecutada y agregó que la apuesta del Gobierno es cumplir con un reclamo razonable que pudieran hacer las empresas contratistas a la hora de la rescisión. "Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado, y una tercera de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no", concluyó.

Meoni estuvo escoltado por su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, durante una conferencia de prensa convocada para explicar los alcances de la firma de un convenio con las cámaras de transporte, que contempla descuentos para traslados en servicios de mediana y larga distancia hacia distintos puntos turísticos del país.

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